Junts ha impedido al Gobierno dar el primer paso para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, al votar en contra de la senda de déficit presentada este martes por el Gobierno en el Congreso de los Diputados. La decisión, que se conoció minutos antes de la votación, se produce en medio de una semana de acercamientos entre el PSOE y ERC y a escasos días de que se cumpla el ultimátum de los republicanos para alcanzar un preacuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa. Mientras el lunes se materializó el acuerdo alcanzado entre socialistas y republicanos por el que Cataluña recibirá 1.520 millones de euros para trenes, becas e investigación, este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Barcelona para reunirse con Pere Aragonès en el Palau de la Generalitat, donde sellarán el compromiso de traspasar a Cataluña la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Precisamente, el partido liderado por Carles Puigdemont ha exhibido su poder de veto parlamentario justo el mismo día en que se cumplía un año de las elecciones generales del 23 de julio que derivaron en una complicada aritmética parlamentaria para gobernar y que este martes quedó patente. Unido a los votos en contra del PP y Vox, la senda de déficit del Ejecutivo ha decaído al terminar el macropleno que celebró el Congreso este martes. No es la primera vez que Junts pone en un brete al Gobierno de Pedro Sánchez, dejando claro que sus siete votos son imprescindibles para sacar adelante medidas tan importantes como los Presupuestos.
Mientras que fuentes del Ejecutivo creen que el voto en contra de Junts se debe a que están "molestos" por la reunión de Sánchez y Aragonès este martes, el portavoz adjunto de Junts, Josep Cruset, lo desvinculó totalmente. Aseguró que la decisión fue tomada tras escuchar "atentamente" la intervención de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso, en la que, según dijo, no percibieron ningún cambio respecto a la ejecución de presupuestos anteriores en Cataluña, que fijan como la más baja de todo el país.
La vicepresidenta, que en su intervención había confiado en el "sentido común" de todos los grupos para aprobar este primer paso para las cuentas, lamentó el resultado final de este Pleno, al que Sánchez no asistió pese a que así figuraba en su agenda oficial. Con todo, la vicepresidenta cargó todas las culpas sobre el Partido Popular, esgrimiendo que es quien gobierna en la mayoría de comunidades y ayuntamientos y al que afeó una estrategia de "acoso y derribo" contra el Gobierno que acaba perjudicando a los ciudadanos de estos territorios. Sobre Junts, se limitó a decir que el Gobierno no sabía qué era lo que iba a votar.
Lo cierto es que la preocupación por el resultado de esta votación no afloró hasta el mediodía de este martes, en el ecuador de la sesión plenaria. Hasta entonces, el Gobierno se mostraba confiado en poder poner en marcha la tramitación de los Presupuestos, pero a última hora de la tarde sus peores presagios se cumplieron de la mano de Junts.
Montero también aseguró que seguirá "dialogando" con todas las fuerzas y que volverá a llevar la votación de los objetivos de estabilidad al Congreso. Para ello, tiene un mes como máximo. Si la negativa se repite, los Presupuestos podrían llegar a descarrilar definitivamente sin que el proyecto llegue siquiera a ver la luz. En cambio, si salieran adelante en esa segunda ronda en la Cámara Baja, los objetivos de estabilidad viajarían al Senado con el camino ya despejado.
Allí, el PP ya no tendrá capacidad de pararlos con su mayoría absoluta, como hizo el pasado marzo. A diferencia de la senda de déficit —que decae—, el Congreso sí ha dado luz verde a la ley de paridad, en la que el Ejecutivo introdujo soterradamente una enmienda para eliminar el poder de bloqueo de la Cámara Alta a la senda de déficit. En consecuencia, si el Senado votara en contra, los objetivos de estabilidad volverían al Congreso, que podría levantar el veto de la Cámara Alta sin mayor dificultad.
Se trata de la tercera vez que el Gobierno se encuentra con el rechazo de las Cortes a sus objetivos de estabilidad este año. Las dos anteriores ocasiones, fue la mayoría del PP en el Senado quien cerró el camino a la senda de gasto con la que el Ejecutivo quería articular los Presupuestos para 2024. Unas cuentas públicas de las que el Gobierno acabó desistiendo tras conocerse la convocatoria electoral en Cataluña.
195.353 millones de euros de límite de gasto
El límite que el Gobierno se había autoimpuesto para los Presupuestos de 2025 quedó fijado la semana pasada en 195.353 millones de euros descontando los fondos europeos, que están comprometidos a proyectos concretos. Un nuevo récord —ya van seis consecutivos—, pero que implica un alza moderada del 3,2% (6.138 millones más) frente al límite que se aprobó para las cuentas de 2024 que no llegaron a ver la luz.
El portavoz adjunto de Junts aseguró que el problema era la ejecución presupuestaria en Cataluña, que en 2023 fue del 45 %, mientras que la de la Comunidad de Madrid ascendió al 212% y la de Castilla-La Mancha al 115%. Esto, según Cruset, deja a Cataluña en el porcentaje más bajo de todo el Estado "a pesar de ser la tercera comunidad autónoma en esfuerzo fiscal y de aportación de recursos a través de tributos", ha subrayado.
Según los cálculos de los posconvergentes, en últimos años se han dejado de invertir unos 8.000 millones de euros en su comunidad por la no ejecución presupuestaria, mientras que en Madrid se han "sobreinvertido" 4.000 millones de euros. Otra de las peticiones en las que insistieron tras su rechazo a la votación es que se dotara a los objetivos de estabilidad presupuestaria de una décima más de capacidad a las comunidades autónomas.
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